José Manuel Porras, presidente del CERMI Andalucía, y Ventura Pazos, secretario general de la entidad, han sido los encargados de realizar esta presentación de la Iniciativa Legislativa Popular para establecer criterios justos de copago en dependencia. A este acto, que se ha desarrollado en la sede de la Fundación Cajasol, han asistido los representantes de las federaciones que integran la plataforma de discapacidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía. A la conclusión del mismo, quedaba abierto un turno de preguntas tanto para los allí presentes como para los medios de comunicación. Además, los asistentes podían contribuir a la causa con su firma.

 

Como indicaba José Manuel Porras, “la Iniciativa Legislativa Popular contra el copago confiscatorio es la respuesta del movimiento social de la discapacidad a las políticas de las Administraciones sociales que en desarrollo de la ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia han creado una situación insostenible que hace recaer el esfuerzo económico de mantenimiento del sistema en las propias personas en situación de dependencia”. Como ejemplo, desde 2009 hasta 2013 en algunas Comunidades Autónomas, aunque no es el caso de Andalucía, la media de la cantidad que aportan los usuarios por las ayudas que reciben se había disparado un 68%.

 

La propuesta del CERMI está encaminada a establecer criterios más claros, justos e iguales en relación con la capacidad económica y la participación en el coste de las prestaciones por parte de las personas beneficiarias. Estos incluyen medidas como la exención del copago a quienes perciban menos de 1.331 euros o fijar una aportación máxima por persona que no sea superior al 60% del coste del servicio al que accede y que a la persona en situación de dependencia se le garantice una cantidad para destinar a gastos personales que no sea inferior al 40% de su capacidad económica. En Andalucía, el porcentaje de copago para centros del día y ocupacionales es del 25 por ciento, mientras que para residencia alcanza el 75 por ciento.

 

El CERMI pretende llegar a las personas con discapacidad y mayores, a su entorno familiar, así como a los profesionales de los servicios sociales, a los voluntarios y a la ciudadanía en general, para que muestren su apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular que persigue la modificación de la Ley de Autonomía Personal para establecer unos criterios justos de copago que no expulsen a las personas en situación de dependencia de la protección social.

 

El objetivo del CERMI, como ha manifestado José Manuel Porras, es “servir de instrumento para hacer llegar a la Administración el malestar de un sector de la ciudadanía ante la situación de desatención a la que se ha visto sometido y para hacer efectiva la solución”. De aprobarse esta Iniciativa Legislativa Popular beneficiaría a toda la sociedad, estableciendo unos derechos para todas aquellas personas potencialmente dependientes. La situación actual, decía, “es la consecuencia de una serie de medidas aprobadas como respuesta a una crisis económica”, pero “si estamos ante los brotes verdes y la recuperación deben adoptarse medidas acordes a la nueva etapa”. José Manuel Porras finalizaba haciendo referencia a que no pueden existir diferencias entre las distintas Comunidades Autónomas.